Una reforma impulsada por el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla que en lugar de acercar los servicios públicos a la ciudadanía los aleja y crea una situación de incertidumbre sobre más de 400 empleados

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Lucena ha presentado, junto al Grupo Municipal de Izquierda Unida, una moción al pleno ordinario de enero en la que denuncian la supresión y vaciado de competencias que han sufrido las Oficinas Liquidadoras de la Agencia Tributaría en Andalucía. Una decisión tomada por el Gobierno de coalición andaluz y que vuelve a dejar a Córdoba como la mayor perjudicada con un total de 13 oficinas cerradas.

Una decisión que los socialistas tachan de “insensible”, a la vez que “perjudicial”, sobre todo en los núcleos rurales, ya que estas oficinas prestaban un servicio cercano y eficiente a los contribuyentes como la gestión de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones, Donaciones, a la vez que registraban las alegaciones, aplazamiento o fraccionamiento de pagos. Junto al cierre también se han tomado otras medidas como la reducción del horario de atención al público o la obligación de pedir cita previa para ser atendido.

Para la aprobación de esta moción se propone acordar: “mostrar su rechazo a la propuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía para la modificación del convenio que regula el funcionamiento de las Oficinas Liquidadoras de Andalucía, instar al consejero de Hacienda para que el organismo competente firme un nuevo convenio con los Registradores de la Propiedad de Andalucía que garantice el mantenimiento de las 91 Oficinas Liquidadoras de Andalucía, manteniendo los puestos de trabajo, con todas las competencias y servicios que tenían en el anterior convenio, incluido el servicio de asesoramiento para realizar la declaraciones del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.

El pasado 31 de diciembre de 2019 expiraba la vigencia del convenio de la Junta de Andalucía con los Registros de la Propiedad encargados de la gestión, liquidación y recaudación de los impuestos a través de las 91 Oficinas Liquidadoras ubicadas en los Registros de la Propiedad de las principales comarcas de las ocho provincias de nuestra comunidad autónoma. Ante la finalización de este convenio, el actual Gobierno de coalición de Andalucía, integrado por el PP y Ciudadanos, ha planteado una reforma de éste, que supone un cambio en el modelo hasta ahora vigente y en el que solo 24 oficinas de toda Andalucía serán las que tendrán las competencias de información, asesoramiento y comprobaciones tanto de muebles como inmuebles. Las 67 oficinas restantes, incluida la instalada en Lucena, se quedan sin apenas competencias y serán meros registros de entrada (oficina-buzón).

Esta reforma “es un auténtico atropello”, que en sus primeras semanas de implantación ya está siendo muy criticada por los ciudadanos; ya que en muchos casos además del problema del transporte se suma el acceso limitado a la gestión de procesos telemáticos. Al PSOE de Lucena nos preocupa igualmente la grave situación de incertidumbre laboral en la que en la actualidad se encuentran los 400 empleados y empleadas que hasta ahora se encargaban de estas tareas.

Y todo esto ante “la desidia e insensibilidad de un Gobierno de derechas más preocupado de su propia imagen y en criticar al anterior Gobierno para tapar su pésima gestión y su incapacidad en dar solución a los problemas de la ciudadanía”. El cambio que ha traído el nuevo Gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno Bonilla ha sido un cambio a peor.

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